“Crearemos una red que atienda a todos”

Médicos, enfermeros y administrativos que rechazan la exclusión de los sin papeles de la red sanitaria pública explican cómo tratarán de sortear el decreto

El próximo sábado, 1 de septiembre, unos 150.000 inmigrantes irregulares se quedan sin tarjeta sanitaria. Las embarazadas y los menores tienen garantizada la asistencia, pero el resto solo podrán acudir a urgencias. ¿Qué ocurrirá con los pacientes crónicos, los que padecen VIH, los que necesitan hemodiálisis, los que sufren patologías psiquiátricas? A apenas cinco días de la entrada en vigor del real decreto que excluye a parte de la población del sistema ordinario de salud, las preguntas aún son muchas.
Más de 1.500 médicos se han declarado objetores: afirman que seguirán tratando a los sin papeles. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo? Hay comunidades, como la valenciana, que han prohibido expresamente a los objetores atender a los irregulares en horas de trabajo; otras, como Madrid, sostienen que todo el mundo será atendido y luego se pasará la factura al enfermo o a su país de origen (algo poco factible porque los convenios con otros países, de existir, no suelen cubrir a los irregulares).
Además de los médicos, la red pública la integran otros profesionales: administrativos, enfermeros, técnicos de laboratorio... Reconstruimos con ellos cómo se podría sortear la prohibición.

El mostrador

Rosa Rivero trabaja en la sanidad pública desde 1989. Es auxiliar administrativa en el centro de salud Gandhi, en San Blas, un distrito periférico de Madrid. Sabe que muchos de los pacientes a los que pide la tarjeta sanitaria para darles cita o gestionar una prueba diagnóstica no tendrán nada que entregarle a partir de septiembre. Pero no piensa dejar de atenderles. “Ya no les podré dar cita, pero claro que les mandaré al médico”, dice. “Si viene una persona al mostrador y dice que necesita un médico, yo no soy quién para preguntarle qué le pasa y tomar una decisión. Le diré que el médico de guardia está en tal sala y que hable con él”. Supongamos que el facultativo atiende al inmigrante y que este necesita ser derivado a un especialista. “No estará en la base de datos, así que no se podrá hacer la derivación”, lamenta. “Me temo que nos van a convertir en taquilleras, que esperan que tratemos a la gente como si fueran al cine y no como personas que necesitan atención sanitaria”.
"Ninguno de mis compañeros va a tener el valor de decirle a alguien que venga mal que no se le atiende”, confía la administrativa de un centro de salud madrileño que prefiere no dar su nombre. En su trabajo han tenido reuniones internas para ver cómo gestionar la situación. “Los administrativos no somos competentes para valorar un caso: remitiremos al paciente al médico de urgencia del centro para que sea él quien tenga la última palabra”, explica. En la próxima reunión concretarán qué médicos del centro van a colaborar con este sistema. “Tengo 52 años y nunca se me ha dicho en una consulta que no me van a atender, así que me parece fatal que alguien tenga que pasar por esa situación”, concluye.

 Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2012/08/26/actualidad/1346001950_940230.html