Más de 2.700 extranjeros con VIH quedarán sin medicación por los recortes
Expertos en sida afirman que la medida aumentará la mortalidad, la
aparición de enfermedades asociadas, los ingresos hospitalarios, los
casos y la transmisión materno-fetal.
Cuantifican entre 324 y 580 las nuevas infecciones por la medida.
El 1 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de muchas
personas, inmigrantes en situación irregular que ese día dejarán de
tener asistencia sanitaria en España (salvo las urgencias), según el real decreto ley del 24 de abril.
Y dentro de este grupo, hay un colectivo especialmente vulnerable: las
personas con VIH, que no tendrán acceso a la medicación. El Grupo de
Estudio del SIDA (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC),
que agrupa a los médicos expertos que ven a más pacientes en España,
calcula que son entre 2.700 y 4.600 personas, para las que la medida es,
en la práctica, una condena a muerte. No es una exageración: el aumento
de la mortalidad es la primera de las consecuencias que Gesida prevé.
Pero no solo. “Más allá de consideraciones éticas, los expertos de
Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente
perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría
dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del
empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección
por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados,
incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos
hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades
infecciosas —como tuberculosis— a la población general; y mayor
probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior
tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes
de la atención sanitaria”, afirman en un comunicado.
En concreto, teniendo en cuenta que según se deja la medicación el virus
empieza a multiplicarse, las personas pasan a ser más infectivas. Los
expertos calculan que habrá en un año entre 324 y 580 casos más en un
año.
Esto quiere decir que los ahorros previstos no se van a alcanzar ni de
lejos. “En el capítulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo
que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención. Pero es
que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que
ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones).
Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el
decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada
dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del
tratamiento”. A ello hay que sumar los costes “que se derivarán del
tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia
sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al
VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de diagnóstico y
tratamiento de los pacientes fuente”.
Para los médicos, la opción mencionada por la ministra de Sanidad, Ana
Mato, de que las ONG asuman el tratamiento de estas personas no es
viable, ya que el manejo de esta compleja infección debe hacerse en
hospitales. Por eso “recomienda al Ministerio que evite la exclusión de
los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública
sanitaria”
Pieso que esto es una SENTENCIA DE MUERTE!
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